sabato 22 giugno 2019

Colectivos de salud mental piden justicia para la joven que murió atada en un hospital de Asturias

Concentración contra las contenciones mecánicas.



Cincuenta profesionales de la salud elaboran un informe que señala las contradicciones del informe forense, que concluye “que se trata de una muerte natural” y que “el internamiento en la unidad de Psiquiatría fue procedente”.

 Andreas acabó en la unidad de psiquiatría, donde murió en abril de 2017, debido a una mirada “extremadamente reduccionista” de la salud mental. Así lo creen los 65 colectivos que firman el Manifiesto de repudio por la muerte de Andreas, la joven de 26 años que falleció a causa de una meningitis y una miocarditis en 2017 tras estar atada 75 horas a una cama en la unidad psiquiátrica del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA).


“Todo este apoyo surge a raíz de que médicos y profesionales de la rama sanitaria, junto a asociaciones y colectivos de la salud mental, conocieran la historia clínica de mi hermana y el informe forense”, explica Aitana, hermana de Andreas, que ha denunciado por negligencia a siete médicos del HUCA. “Han reaccionado ante esta injusticia incluso elaborando sus propios informe”, explica a El Salto. Aitana se refiere al informe firmado por 50 profesionales médicos, entre ellos 16 psiquiatras, que contradice algunos aspectos del informe elaborado por los forenses.

Entre las contradicciones más graves, Aitana cita dos: en primer lugar, el informe de los forenses asegura que Andreas no superaba los 38 grados de fiebre. “Eso es mentira y los propios médicos que elaboraron el informe hicieron un gráfico que indica que superaba hasta en 5 grados, tres días, los 38 grados de fiebre; eso en ningún momento se remite, y mi hermana, en el ingreso, jamás tiene una temperatura que no sea fiebre o febrícula”.

Por otra parte, Aitana destaca que “en el informe forense no se dice nada de la menigoencefalitis” y, además, que su hermana era consciente de que estaba teniendo alucinaciones auditivas. “La meningitis era clara y la familia se lo estaba diciendo a los médicos, pero como vieron el antecedente de que mi madre tenía esquizofrenia, actuó el prejuicio, el estigma, y toda la concatenación de errores”.

La hermana de Andreas apunta que el informe forense lo firma el Instituto de Medicina Legal de Asturias, que es un organismo que trabaja con el propio HUCA, y que “omite datos relevantes de la historia clínica de mi hermana tenía”. “Mi hermana tuvo que entrar directamente a la UCI”, insiste.

Según el manifiesto “deberían habérsele realizado pruebas para comprobar si los síntomas se debían a una patología orgánica” antes de realizar un ingreso psiquiátrico. Fue una meningitis la que acabó con su vida al no ser tratada adecuadamente y la que podía haber estado provocando los síntomas que Andreas mostraba. “Lo que causó la muerte de Andreas fue una negligencia médica, motivo por el cual los profesionales involucrados deberían reconocer y afrontar su responsabilidad”, aseguran en el manifiesto, en el que subrayan que “se dio por sentado que se trataba de una problemática psiquiátrica de forma precipitada” pese a que tenía un diagnóstico previo de amigdalitis aguda.

NO A LAS CONTENCIONES El caso de Andreas también ha servido para visibilizar la campaña contra las contenciones mecánicas en psiquiatría. “Con problemas de salud mental o sin ellos —señalan—, Andreas no debería haber sido atada a la cama porque nadie merece ser contenido mecánicamente”. Este rechazo se suma al que ya venían expresando diversos colectivos de activismo en salud mental en una campaña llamada #0contenciones.

“Hay que evitarlas porque anulan la voluntad y libertad de la persona que está ingresada. Cuando aplican una contención mecánica unida a una contención farmacológica, como en el caso de mi hermana, la anulas completamente, la encierran en una cárcel”, explican desde la campaña.Además, asociaciones como Activament, Federación Andaluza “En Primera Persona” y
Hierbabuena han redactado un informe en el que se pone en contexto este caso con el marco legal establecido en 2006 por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Diferentes asociaciones y colectivos están también adhiriéndose a este informe.

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